En un operativo conjunto, el gobierno colombiano continúo con sus esfuerzos para combatir la ilegalidad en el juego, tanto en línea como terrestre, las autoridades decomisaron 1.000 elementos utilizados para apuestas clandestinas en los departamentos de Atlántico y Cesar, por un valor estimado de $200 millones.
La acción, liderada por Coljuegos en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Gaula del Ejército Nacional, resultó en la captura de siete personas, quienes ahora enfrentan cargos por operar de manera ilícita y presunto lavado de activos.
Según Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos, estos operativos responden a la directriz presidencial de fortalecer la industria legal, combatir la ilegalidad y garantizar más recursos para el sector salud. “En solo una semana hemos intervenido cinco departamentos, algo sin precedentes. “Estas acciones buscan proteger los derechos de los colombianos y garantizar que los recursos de las apuestas lleguen a su destino: la salud pública”, afirmó Hincapié.
Resultados del operativo
En el municipio de Sabanalarga (Atlántico), las autoridades incautaron 841 elementos, incluidos computadores y tiqueteras, valorados en $114 millones. Estas herramientas operaban en un establecimiento comercial que redirigía apuestas a plataformas no autorizadas por .
Por su parte, en Valledupar (Cesar), se decomisaron 159 elementos que servían para gestionar apuestas en línea ilegales, afectando gravemente los ingresos estatales. Solo en esta operación, se estiman pérdidas de $8.824 millones anuales en derechos de explotación destinados al sistema de salud.
Un esfuerzo sostenido
Durante la actual administración, Coljuegos ha incautado más de 4.500 máquinas tragamonedas y módulos de apuestas por internet, con un total de 8.317 elementos ilegales destruidos hasta la fecha. Los artículos decomisados en estos recientes operativos seguirán un proceso administrativo antes de ser eliminados definitivamente, garantizando que no regresen al mercado.
Este esfuerzo refuerza el compromiso del gobierno nacional de combatir actividades ilícitas que defraudan a los colombianos y generan un impacto negativo en los recursos destinados al bienestar social. Con esta contundente acción, el Estado reafirma su lucha contra la ilegalidad y su compromiso con la salud pública.
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